Ruiz Díaz sostuvo que la causa federal no debe limitarse a "las transacciones" y reclamó ir por las máximas autoridades
El Dr. Víctor Oscar Ruiz Díaz, socio de la Bolsa de Comercio del Chaco y promotor de la denuncia federal, difundió un comunicado tras los allanamientos y pidió que la pesquisa alcance a todos los niveles de la entidad, incluidos órganos de dirección y control
En el marco de los allanamientos y secuestros de elementos dispuestos por la Justicia Federal en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco, el Dr. Víctor Oscar Ruiz Díaz, socio de la entidad y promotor de la denuncia en el fuero federal, difundió este martes un comunicado en el que solicitó que la investigación avance con amplitud y alcance a todos los sujetos involucrados, desde operadores internos hasta terceros relacionados con las operatorias bajo análisis.
Según el documento, la denuncia inicial fue presentada el 14/02/2026 y tuvo una ampliación el 22/02/2026, con pedidos específicos para investigar hechos que, remarcó, ya eran de conocimiento público desde fines de enero. En esa línea, sostuvo que la actividad judicial desplegada el 03/03/2026 —si bien se focalizaría en operatorias concretas— permitirá colectar elementos útiles para establecer, "en su debido momento", responsabilidades dentro de la entidad bursátil local y sustentar eventuales imputaciones
Uno de los ejes centrales del comunicado es el planteo sobre la cadena de supervisión en la Bolsa: Ruiz Díaz afirmó que toda tarea operativa debió responder a controles superiores y, a su vez, al órgano de Dirección y Administración y al órgano de Control Interno (Sindicatura), indicando que directores y gerentes tendrían una responsabilidad "ilimitada y solidaria" en el marco normativo aplicable. Además, señaló que la investigación no debería agotarse en las transacciones comerciales sin revisar el desempeño y la eficacia de los órganos de control.
En el mismo texto se enumeran hipótesis a considerar, siempre en términos de posibles figuras y a definir en sede judicial: un eventual balance falso, una presunta administración fraudulenta con daño reputacional asociado, una posible defraudación en perjuicio de una administración pública y hasta una eventual asociación ilícita o convergencia de voluntades. El comunicado también cuestiona la respuesta institucional brindada por la BCCH y sostiene que será la Justicia la que determine, con pruebas, el alcance de responsabilidades en el caso que hoy mantiene en vilo al ámbito político y financiero provincial
