Debate por la edad de imputabilidad: "solamente Cuba y Argentina tienen edad mínima de 16 años"
El Congreso discute un proyecto para bajar la edad de 16 a 13 años, mientras que penalistas advierten que modificar el Código Penal no es suficiente para abordar un problema social complejo
El Congreso de la Nación Argentina ha comenzado el tratamiento de la ley que habilita la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, busca actualizar una legislación que data de 1980 y ha generado opiniones divididas entre legisladores y expertos en derecho penal.
El Dr. Jorge Eduardo Buompadre, penalista y profesor de la UNNE, adviertió a Radio Nordeste sobre la complejidad del tema: "El problema es qué hacemos con los menores que delinquen y con los menores que se encuentran en el marco de un conflicto social. Este es un problema ya en la Argentina repetitivo de muchos años".
Buompadre señala que la discusión va más allá de una simple modificación legislativa: "Es un problema no solo de política criminal, sino de política legislativa, es decir, es un problema social". El experto cuestiona la efectividad de enfocarse únicamente en el Código Penal para resolver estos conflictos: "El Código Penal no es la solución de todos los conflictos sociales. Es decir, hay políticas de Estado que por ahí no se han realizado en los últimos años".
En el contexto latinoamericano, Argentina y Cuba son los únicos países que mantienen la edad de imputabilidad en 16 años. Otros países de la región han establecido edades más bajas: Brasil en 12 años, Uruguay en 13 y Paraguay en 14. Sin embargo, Buompadre advierte que estos cambios no necesariamente han resuelto el problema de la delincuencia juvenil en esos países.
El proyecto en discusión propone una graduación punitiva para menores entre 13 y 18 años, con penas de prisión de tres a seis años, reemplazables por otras sanciones como prohibiciones de salir del país o de contactar a las víctimas. No obstante, el penalista resalta la importancia de contar con la infraestructura adecuada: "Si no hay una buena inversión, el Código Penal muy poco puede hacer".
La propuesta ha encontrado resistencia en sectores de la oposición, incluyendo el justicialismo, el kirchnerismo y la izquierda. El debate promete ser extenso y controvertido, ya que implica cambios significativos en el sistema penal juvenil.
Expertos como Buompadre insisten en que la solución no se limita a modificar la ley: "No es solamente cambiar las letras, lo que está escrito y establecido, sino tiene que tener su correlato en la realidad misma". Se destaca la necesidad de abordar cuestiones como la educación, la pobreza y otros factores sociales que contribuyen a la delincuencia juvenil.
