"La culpabilidad estaba probada": El fiscal Carniel sella la condena del Clan Sosa en juicio abreviado

La justicia federal dio un paso determinante en la lucha contra las organizaciones criminales en el Chaco con la finalización del proceso judicial contra el denominado "Clan Sosa".  A través de la figura de un juicio abreviado, una herramienta procesal que permite evitar la extensión de un debate oral cuando ya existe prueba contundente y reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, se logró arribar a una condena efectiva para los principales implicados en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En comunicación con Noticiero 9, el fiscal federal Federico Carniel destacó la importancia de este cierre, señalando que la complejidad del caso y el volumen de pruebas acumuladas hacían de esta la opción más eficiente para garantizar la aplicación de la ley.

Según explicó Carniel, esta metodología fue seleccionada debido a lo "farragoso" que hubiera resultado un juicio tradicional, dada la presencia de más de 250 testigos y diversas cuestiones que habrían dilatado los tiempos procesales "para nosotros ya estaba probada la culpabilidad de las personas, entendimos que esta era la mejor herramienta", afirmó el fiscal, subrayando que el reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados es un requisito sine qua non para este tipo de acuerdos.

La sentencia se alineó con antecedentes previos dentro de la misma causa, específicamente la condena a Lucas Sosa, donde el tribunal ya había fijado un tope de siete años de prisión bajo criterios similares. "Acordamos equiparar la pena de estas personas, de los más responsables, a la sentencia que ya se había dictado", precisó el funcionario.

El núcleo de la acusación se centró en el delito de lavado de activos, una figura jurídica que requiere la existencia de un "delito precedente" que genere los recursos ilícitos. En este escenario, la fiscalía logró trazar una línea directa entre el enriquecimiento exponencial de la familia y sus actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.

Carniel describió una estructura dual: por un lado, la empresa criminal dedicada al narcotráfico y, por otro, una organización logística que recibía, administraba y ponía en circulación ese dinero para el disfrute de los miembros del clan.

La investigación patrimonial fue clave, revelando un nivel de vida que no coincidía con los antecedentes laborales de los involucrados "estas personas no tenían empacho en ostentar una vida que excedía a simple vista la capacidad que podían llegar a tener", sostuvo el fiscal.

En cuanto al destino de los bienes decomisados y las multas impuestas , que representan el doble del valor tasado de los activos secuestrados, estos quedarán bajo la órbita de una oficina de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Carniel aclaró que, si bien todas las condenas acordadas son de cumplimiento efectivo en prisión, no se descarta que las defensas realicen planteos en la etapa de ejecución penal, aunque la intención del Ministerio Público es que se mantenga la detención en establecimientos carcelarios "la idea es que continúen detenidos y que cumplan en prisión efectiva la pena que se les impuso", remarcó.

Finalmente, el fiscal se refirió a la situación del exjuez Miguel Aranda, también involucrado en la causa bajo acusaciones de ser facilitador de la organización y por asociación ilícita. Aunque su caso ya está elevado a juicio oral, la fijación de la fecha depende exclusivamente de la agenda del tribunal, lo que genera cierta preocupación en la fiscalía por la demora en la producción de pruebas.

"Para quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante una acusación, que se dilaten tanto los juicios es un problema importante", concluyó Carniel, expresando su expectativa de que durante el presente año se pueda avanzar finalmente con el debate oral correspondiente al ex magistrado y al resto de los imputados pendientes.