Fallo clave en Goya: Condenan a un banco por una transferencia no autorizada en dólares
La Justicia de Corrientes ordenó a la entidad financiera restituir los fondos y pagar una millonaria indemnización a un cliente. El magistrado consideró que el banco no pudo garantizar la seguridad de la operación digital.
En una sentencia que refuerza la protección de los usuarios financieros, el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Goya, a cargo del Dr. Gabriel Guillermo Saade, falló a favor de un cliente que denunció haber sido víctima de una transferencia irregular desde su cuenta bancaria. El fallo, dictado el pasado 4 de febrero, obliga a la entidad a devolver la suma de 3.000 dólares y a abonar una importante compensación económica por daños.
El conflicto se remonta al 26 de febrero de 2025, cuando el demandante detectó un movimiento de 3.000 dólares hacia la cuenta de un tercero que no conocía. Tras asegurar que jamás autorizó dicho movimiento y que su seguridad digital fue vulnerada, el cliente inició acciones legales ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la institución.
Por su parte, el banco intentó deslindar responsabilidades alegando que la transacción se realizó mediante credenciales válidas y sugiriendo que el dispositivo del usuario podría haber estado infectado con un software malicioso (malware).
Para resolver el litigio, el juez Saade aplicó los principios de la Ley de Defensa del Consumidor. Un punto determinante fue la aplicación de las "cargas probatorias dinámicas": ante la complejidad tecnológica, es el banco —quien posee los recursos técnicos— quien debe demostrar que no hubo fallas en su sistema o que el error fue exclusivamente del cliente.
En este sentido, la Justicia destacó que la entidad no presentó pericias informáticas ni la documentación requerida que avalara su postura defensiva. "El banco no logró demostrar que la causa del daño le fuera ajena", sostiene el fallo, subrayando la omisión de pruebas fundamentales por parte del proveedor del servicio.
La sentencia no solo ordena la devolución de los 3.000 dólares (con un interés anual del 5% retroactivo a l fecha del hecho), sino que también impone el pago de una indemnización por:
Daño Moral: Para compensar el padecimiento y la angustia del usuario.
Daño Punitivo: Una sanción económica aplicada por la conducta negligente del banco tras el reclamo del cliente y su falta de respuesta adecuada.
Este fallo sienta un precedente relevante en la provincia, reafirmando que las entidades financieras deben extremar sus medidas de ciberseguridad y que, ante la duda o falta de pruebas técnicas, la responsabilidad recae sobre el prestador del servicio y no sobre el consumidor.
