Los Schoklender vuelven al banquillo: arranca el juicio por "Sueños Compartidos" y la presunta defraudación al Estado

La historia de los hermanos Sergio Schoklender y Pablo Schoklender vuelve a quedar bajo la lupa judicial, en una causa que combina el peso de un pasado criminal con la sospecha de una trama de corrupción que dañó al Estado y, sobre todo, a miles de familias que esperaban una vivienda. El Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió que el próximo miércoles 11, a las 9, comenzará el juicio oral y público por la presunta defraudación en el programa habitacional "Sueños Compartidos", un capítulo que dejó marcas profundas en varias provincias.

El debate buscará determinar responsabilidades por el destino de fondos públicos girados para la construcción de viviendas sociales. Según consta en el expediente, entre marzo de 2008 y junio de 2011 se transfirieron 748 millones de pesos y una parte de ese dinero no habría ido al fin previsto: al menos 206 millones no aparecen en las contabilidades oficiales que, de acuerdo con la investigación, estaban bajo control administrativo de Sergio Schoklender. La acusación sostiene que no se trata de un desorden contable inocente, sino de un esquema que desvió recursos de un programa presentado como solución al déficit habitacional.

En el trasfondo aparece el rol de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el vínculo político que rodeó el plan, con la figura de Hebe de Bonafini como referencia institucional de la organización. La causa también menciona el andamiaje estatal que habilitó el flujo de fondos y la operatoria, con decisiones y respaldos que, según testimonios incorporados, habrían tenido bajada desde el entonces Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido. En ese escenario, la Justicia intenta establecer si hubo una "ruta" organizada para canalizar y manejar fondos sin controles suficientes.

En el NEA, y particularmente en Chaco, el plan tuvo un despliegue que se sintió con fuerza: obras, anuncios y promesas que quedaron asociadas al relato de la "vivienda digna", pero que en muchos casos terminaron en construcciones inconclusas o demoras interminables. El resultado fue doblemente grave: por un lado, el daño económico y la presunta maniobra con fondos estatales; por el otro, el golpe social a familias que vieron cómo se evaporaba una expectativa concreta de techo propio. Allí es donde el caso adquiere su dimensión más cruda: cuando la corrupción no es una abstracción, sino cemento que no llegó y paredes que nunca se levantaron.

La trayectoria de los Schoklender arrastra, además, un antecedente que ya había quedado grabado en la memoria pública: el parricidio de sus padres en 1981, un hecho que derivó en condenas severas y que, con los años, fue seguido por un regreso al centro de la escena, esta vez en el barro de la política y el manejo de recursos públicos. La acusación por "Sueños Compartidos" profundiza esa idea de un recorrido signado por la violencia, el abuso y el aprovechamiento de estructuras ajenas: de la intimidad familiar destruida a la sospecha de haberse servido de un programa social para montar una operatoria que, de comprobarse, fue lisa y llanamente una estafa contra todos.

El juicio llega, además, con una presión de tiempos procesales: los magistrados deberán avanzar antes de una fecha límite que podría acercar a la causa a un escenario de prescripción, lo que incrementa la expectativa sobre el debate y sus definiciones. Mientras tanto, el caso vuelve a instalar una pregunta incómoda: cómo un programa que prometía reparar una deuda histórica —la falta de vivienda— terminó, presuntamente, convertido en una vía para desviar dinero y blindar impunidades. La respuesta, esta vez, tendrá que darse en tribunales, con hechos, documentos y responsabilidades concretas.