Desarticulan red de trata: captaban a menores en colegios y las explotaban por hasta 200 mil pesos

La Justicia Federal de Salta ha imputado a nueve individuos por su presunta participación en una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas, más de 30 niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años, eran reclutadas en las inmediaciones de colegios de la capital provincial. La investigación, que se inició a partir de una denuncia materna, ha destapado un esquema que operaba desde hace al menos dos años, involucrando regalos como cebo y pagos que oscilaban entre 60 mil y 200 mil pesos por encuentro.

Todo comenzó en junio del año anterior, cuando la madre de una joven de 16 años notó que su hija poseía un teléfono móvil de alto valor, cuyo origen desconocía. Al examinar el dispositivo, descubrió diálogos de contenido sexual con un hombre adulto. Inmediatamente, la mujer acudió a la comisaría local, donde se identificó al interlocutor como un conductor de remises que operaba en la zona sur de la ciudad, utilizando un Volkswagen Voyage para transportar a las menores.

Las autoridades policiales procedieron a allanar la vivienda del sospechoso, confiscaron su celular y lo pusieron bajo prisión preventiva por disposición judicial. Durante el análisis forense de los aparatos electrónicos, los peritos hallaron evidencia de material relacionado con la explotación sexual de menores. Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio Público de la provincia solicitó el traslado del expediente al ámbito federal, reconociendo el delito como un caso de trata.

El expediente recayó en el Juzgado Federal N°1, presidido por el juez Julio Bavio, con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual. Estos funcionarios no solo formalizaron cargos contra el remisero, señalado como el cabecilla, sino también contra otros ocho implicados, entre los que figuran dos empresarios. En una audiencia reciente, celebrada a finales de diciembre, se delineó el modus operandi de la red: funcionaba en áreas cercanas a instituciones educativas, tanto estatales como particulares, atrayendo a las chicas con obsequios para luego conducirlas a moteles sobre la Ruta 26 o a domicilios privados donde se consumaban los abusos.

Según el dictamen fiscal, las afectadas cursaban principalmente el cuarto o quinto año de secundaria y participaban en "encuentros íntimos" a cambio de compensaciones económicas. Se estableció una tarifa variable para diferentes actos, que partía de los 60 mil pesos y llegaba hasta los 200 mil. El líder de la banda coordinaba estos servicios, recibiendo pagos de clientes y remunerando a las víctimas con efectivo o artículos de valor, pero las excluía del circuito una vez que alcanzaban la mayoría de edad.

Los allanamientos ordenados por Villalba, una decena en total en la ciudad de Salta, resultaron en la incautación de múltiples teléfonos. En ellos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) extrajo imágenes y grabaciones de menores, junto con conversaciones de WhatsApp que exponían el tráfico. Un ejemplo revelador: en un chat, un cliente solicitaba "una nena para una despedida de soltero", a lo que el remisero contestaba: "Tengo una chica de 16". Otros intercambios aludían a "una noche de aventura" o arreglos "después de un partido de fútbol con los pibes".

A medida que se analizaban estos datos, emergieron más pruebas. Hasta ahora, se han identificado al menos 33 casos de explotación, aunque los investigadores no descartan un número mayor, dado que el descarte de las mayores de 18 años sugiere un ciclo continuo. El remisero aparece como el iniciador y principal beneficiario, pero los clientes también enfrentan cargos por integrar la red, ya que varias declarantes afirmaron que estos hombres les instaban a "conseguir más amigas" para expandir el grupo.

Para fortalecer el proceso, se requirió la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, así como del Área de Víctimas de la Fiscalía de Distrito. Estas entidades han proporcionado soporte psicológico a las involucradas, quienes continúan prestando testimonio en cámaras Gesell, un entorno protegido para relatos sensibles.

En las últimas horas, el juez Bavio accedió a la solicitud de ampliación de los cargos y prorrogó el período investigativo hasta el 29 de mayo de 2026. De los nueve arrestados, ocho responden por trata de personas agravada por la vulnerabilidad de las víctimas, su minoridad, la multiplicidad de afectados y participantes, y por la concreción de la explotación. Cinco de ellos también son acusados de formar parte de una asociación ilícita orientada a promover y facilitar la prostitución.

Adicionalmente, seis enfrentan imputaciones por posesión y difusión de contenido sexual infantil; uno por corrupción de menores; dos por abuso sexual contra una niña de 13 años; y otros dos por seis episodios de promoción y facilitación de la prostitución agravada por involucrar a menores.