Taco Pozo, "la ciudad de las pensiones truchas": uno por uno quiénes son los imputados

La reciente difusión de la auditoría nacional reveló que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Los casos más alarmantes se detectaron en la provincia del Chaco donde la Justicia Federal ya había iniciado en 2023 una investigación por el grotesco número de personas con pensión por discapacidad en la ciudad.

La investigación que inició el gobierno nacional tiene la principal sospecha de que se montó una suerte de "fábrica de pensiones por invalidez" en la que están involucrados gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de servicios de salud y atención a personas con discapacidad. Reveló cuáles fueron las provincias más beneficiadas con estas pensiones y Chaco lidera el ranking.

Solo en la localidad de Taco Pozo, casi el 10% de la población percibía una pensión no contributiva por invalidez. En ese marco, la Fiscalía Federal inició la investigación e imputó a 13 personas entre las que se encuentran el propio Intendente de la ciudad, Antonio "Chivo" Ibáñez.

N9 accedió a la lista de todos y cada uno de los imputados en la causa y el rol que desempeñaron n en esta red de defraudación al Estado.

Las 13 personas están imputadas por falsedad ideológica, fraude en perjuicio de la administración pública y por ser miembro o integrante de una asociación ilícita.

DESDE EL INTENDENTE, HASTA UN MÉDICO DE SALTA

El principal imputado es el Intendente de la ciudad de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez. También está imputada Gabría Estafanía Ibáñez Gelabert, su hija quien es abogada y estuvo al frente de la oficina de ANSES de la ciudad hasta principios del 2023. Ella era la encargada de cargar los trámites de Pensiones no Contributivas.

Marcos Gustavo Rojas: Médico, y hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. Firmaba Certificados Médicos Oficiales (CMO) para la tramitación de Pensiones por Discapacidad (PNC).

Miguel Ángel Bilinski: Director del Hospital Santa Rosa de Lima. Extendía certificados médicos por incapacidad.

Rafael Lenin Azadero Anaya: Médico especialista en Traumatología, extiende certificados médicos por incapacidad. Era oriundo de Joaquín V. González, provincia de Salta. Desde allí se extienden los certificados por discapacidad. Presentó su renuncia al sistema sanitario.

María Estela Luna: Secretaria médica del doctor Marcos Gustavo Rojas.Llevada las anotaciones de pagos y diagnósticos que debían asignarse en tres cuadernos secuestrados.

Florencia Carolina Angélica Jaimes: Portera en una escuela, previamente niñera de las hijas de María Estela Luna. Es beneficiario de una Pensión No Contributiva. Además, se detectó que varios familiares como su esposo e hijos también fueron beneficiarios con pensiones irregulares. Su nombre aparece en los cuadernos de Luna.

Yanina Del Valle Mazza: Testigos afirman haberle pagado $15.000 para iniciar los trámites falsos. Ella misma fue beneficiada con una pensión por discapacidad por supuestamente tener Mal de Chagas. Lo mismo sucedió con su pareja Nelson Rojas, a quien se le adjudicó un diagnóstico falso de "diabetes".

Marcela Patricia Peralta: médica y actual directora del "Hospital Rural Santa Rosa de Lima".

Eva Caro: empleada del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEEP). Percibía un beneficio por discapacidad. Un testigo dijo que "quien le había gestionado la Pensión No Contributiva por discapacidad laboral era la señora Caro, y que ella misma lo había incluido en el listado de recolectores de residuos del municipio", trabajo que realiza a pesar de tener una incapacidad física "total".

Antonio Celestino Ibáñez: Empleado del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco y empleado del Municipio de Taco Pozo.