Tras su condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña dejará de recibir privilegios en prisión
A casi un mes del veredicto que declaró culpables a los integrantes del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la justicia chaqueña dio un nuevo paso: la jueza de la Cámara del Crimen N.º 2, Dolly Fernández, dispuso que Marcela Acuña pierda los tratos especiales que había tenido durante el juicio y comience a cumplir un régimen de cárcel común, sin beneficios diferenciados.
La resolución, conocida este sábado, marca un cambio drástico en las condiciones de detención de la dirigente social y política, quien hasta ahora había accedido a espacios y actividades restringidos para el resto de las internas condenadas. Desde este momento, deberá adaptarse a las mismas reglas y dinámicas del resto de la población penitenciaria, aunque el Servicio Penitenciario seguirá obligado a garantizar su integridad física y emocional.
La jueza fundamentó la decisión recordando que el habeas corpus correctivo busca asegurar condiciones dignas de detención, pero no establecer privilegios. El trato especial que Acuña recibió durante el proceso, señaló, ya no tiene sustento una vez dictada la condena.
Un fallo histórico que aún espera la definición de las penas
Si bien el jurado popular ya determinó las responsabilidades penales de los seis acusados por el crimen ocurrido en junio de 2023, todavía resta fijar la cantidad de años de cárcel que deberá cumplir cada uno. La jueza Fernández tiene un plazo de quince días hábiles para dictar sentencia, aunque la feria judicial que comienza el 24 de diciembre podría postergar la decisión hasta 2026.
El veredicto del jurado consideró a César Sena como autor material del femicidio, luego de probarse que asesinó a Cecilia en la casa familiar y ocultó el cuerpo dentro de la vivienda. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.
En el caso de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, fueron hallados partícipes necesarios, mientras que los empleados del matrimonio —Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo— fueron considerados responsables de encubrimiento.
Un final de audiencias con tensión y pedidos personales
La audiencia de cesura cerró el 28 de noviembre con la palabra de los acusados. Todos pidieron no ser trasladados fuera de Resistencia. César Sena sostuvo que su familia vive en la ciudad y que un cambio de alojamiento afectaría su situación.
Emerenciano insistió en que supondría "una pena de muerte" alejarlo de su entorno, debido al acceso limitado a la medicación que requiere.
Acuña, por su parte, realizó una declaración extensa en la que cuestionó la decisión del jurado y sostuvo públicamente la inocencia de su esposo.
La sentencia definitiva —incluyendo los años de pena para cada imputado— será la pieza final de un caso que marcó a toda la provincia y que aún mantiene un profundo impacto social.
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