Una mujer embarazada logró escapar tras dos años de encierro: era torturada por su pareja y su suegra
La víctima pidió ayuda en la vía pública con múltiples lesiones y fue asistida por la Guardia Municipal. La Policía detuvo a dos personas y confirmó imputaciones por secuestro, violencia de género y torturas.

La ciudad brasileña de Juazeiro do Norte quedó envuelta en un caso de extrema violencia luego de que una mujer embarazada de cuatro meses lograra escapar del lugar donde, según su denuncia, había permanecido encerrada y sometida a torturas durante dos años. La secuencia comenzó cuando logró llegar hasta las inmediaciones de la plaza José Geraldo da Cruz, donde pidió asistencia en estado de shock y con heridas visibles en distintas partes del cuerpo. Personal de la Guardia Municipal la encontró desorientada y de inmediato la trasladó a una dependencia policial para resguardarla.
A partir de su testimonio, los agentes acudieron al domicilio que la víctima señaló como el sitio donde ocurrieron los abusos. Allí detuvieron a un hombre de 43 años y a su madre, de 70, quienes quedaron bajo custodia. La investigación inicial determinó que la mujer arrastraba un largo historial de agresiones, entre ellas golpes repetidos, quemaduras y signos compatibles con asfixia y ataduras. También presentaba lesiones en brazos, espalda, cuello, manos y piernas, lo que reforzó la hipótesis de un sometimiento prolongado.


La denunciante describió un escenario sin pausas, con ataques tanto diurnos como nocturnos. Según su relato, los episodios incluían golpes, inmovilizaciones y prácticas degradantes que involucraban a ambos detenidos, quienes incluso la sometían a maltratos bajo la idea de que estaba "poseída". Las autoridades brasileñas confirmaron que el hombre ya tenía antecedentes por hechos de violencia familiar, lo que sumó un elemento más a la causa.
La mujer fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde recibió atención médica y acompañamiento especializado. La Policía informó que los dos sospechosos fueron imputados por tortura, lesiones graves, secuestro y violencia de género, mientras que la Justicia dispuso su prisión preventiva para evitar riesgos procesales. El caso despertó preocupación entre vecinos y organizaciones locales, que remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y la importancia de realizar denuncias ante cualquier situación de abuso.
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