Casación reactiva la causa por desmontes en Chaco y ordena que siga la investigación
El máximo tribunal penal dejó sin efecto resoluciones que habían frenado la pesquisa y pidió profundizar la recolección de pruebas.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que continúe la investigación por desmontes irregulares en la provincia del Chaco, al anular un fallo que había frenado el expediente y restituir la competencia federal. La causa involucra a funcionarios y empresarios denunciados por la presunta habilitación de maquinarias para arrasar sectores protegidos de bosque nativo, con impacto directo en el ecosistema regional. La decisión, firmada por el juez Gustavo Hornos, destaca la relevancia pública del bien jurídico ambiental y la necesidad de avanzar en el análisis técnico del daño ocasionado.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que presentó un informe sobre autorizaciones presuntamente irregulares otorgadas mediante interpretaciones flexibles de la normativa e incluso procedimientos administrativos alterados. Según la presentación, amplias zonas de selva chaqueña fueron transformadas en superficies totalmente degradadas, con la consiguiente pérdida de flora, fauna y especies en riesgo. Los argumentos oficiales de los denunciantes apuntan a posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación de fondos y asociación ilícita.
Casación también tomó en cuenta los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, quienes señalaron que los tribunales locales habían declarado la incompetencia federal sin considerar la magnitud interjurisdiccional del caso. En esa línea, el fallo remarcó informes científicos, guías de transporte de madera y documentos oficiales que indicarían el traslado de recursos forestales entre provincias, así como la posible afectación de ecorregiones compartidas. La ausencia de peritajes definitivos no constituye un impedimento para la continuidad del proceso, sino un motivo para profundizarlo.
La resolución reconoce además que hay líneas de investigación vinculadas a la eventual malversación de fondos nacionales destinados a la protección de bosques nativos, así como otros delitos conexos que aún requieren evaluación técnica. En su conclusión, Hornos subrayó que la afectación denunciada podría comprometer recursos definidos en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica, lo que excede el interés provincial. Con la sentencia fechada el 17 de noviembre de 2025, el expediente vuelve a la órbita federal para avanzar con nuevas medidas probatorias.
