La Justicia ratificó la prohibición de vender medicamentos por delivery y plataformas digitales

La Justicia Federal reafirmó la vigencia del régimen sanitario que regula la venta y dispensa de medicamentos en Argentina. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal dispuso la suspensión judicial de los artículos del DNU 70/2023 que habilitaban la venta electrónica y el envío a domicilio de fármacos. Con esta medida, se mantiene el marco legal vigente que establece la obligación de realizar toda dispensación dentro de una farmacia habilitada, con la intervención directa de un farmacéutico y a través de un canal sanitario controlado por la Ley 17.565.

El fallo, dictado en el marco del expediente iniciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), fue ratificado el 28 de octubre por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 3. La resolución también reconoció la legitimidad de ambas entidades para actuar en defensa del sistema sanitario y del ejercicio profesional farmacéutico.

En cumplimiento de la sentencia, el Ministerio de Salud de la Nación informó que intimó a farmacias inspeccionadas a cesar toda comercialización o publicidad de medicamentos a través de plataformas digitales o servicios de delivery, advirtiendo que el incumplimiento implicará sanciones.

Las conductas que se mantienen expresamente prohibidas incluyen la venta por aplicaciones o sitios web, el envío mediante servicios de mensajería, la comercialización fuera de farmacias habilitadas y cualquier forma de dispensación sin la presencia de un farmacéutico. Estas prácticas se consideran una violación al marco sanitario vigente y podrían constituir ejercicio ilegal de la farmacia o desobediencia judicial.

La medida busca resguardar la seguridad del paciente y garantizar que todo medicamento mantenga su trazabilidad legal y sanitaria. Según el pronunciamiento judicial, la intervención profesional en el proceso de entrega es fundamental para prevenir errores, sobredosis o interacciones riesgosas, protegiendo así el derecho a la salud de la población y reafirmando el carácter sanitario y social de las farmacias en el país.