Presentan un amparo colectivo comtra el gobierno por el Hospital Garrahan

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación presentó un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que la aplicación del Decreto N° 760/2025 vulnera el derecho a la salud de los pacientes del Hospital Garrahan. La presentación judicial busca que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto, que condiciona la ejecución de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 27.796 a que el Congreso identifique previamente las partidas presupuestarias para su financiamiento. Según la Defensoría, esta decisión del Ejecutivo "obstaculiza arbitrariamente" una norma sancionada por insistencia parlamentaria y constituye una violación al artículo 83 de la Constitución Nacional.

El escrito, firmado por el apoderado Nicolás Sergio Sipioni, fue presentado ante la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. En el documento se solicita además la reasignación inmediata de fondos al Ministerio de Salud y la conformación urgente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación prevista por la ley. La acción se sustenta en la especial vulnerabilidad del colectivo afectado —niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves— y en la urgencia derivada de los recortes presupuestarios que impactan directamente en la calidad de la atención del hospital pediátrico más importante del país.

La Defensoría argumenta que, una vez que el Congreso insiste con la sanción de una ley vetada, el Ejecutivo está obligado a promulgarla sin condicionamientos. En ese sentido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce la acción de amparo como vía idónea en casos donde se encuentra en riesgo la integridad física y la salud de las personas. El planteo advierte que el decreto impugnado no solo desconoce el procedimiento constitucional, sino que agrava una situación de emergencia ya reconocida por el propio Parlamento, afectando a pacientes que dependen del Garrahan para acceder a tratamientos complejos y de alto costo.

La presentación también incluye un pedido de medida cautelar innovativa para que se conforme de inmediato la comisión prevista en la ley, integrada por autoridades del Congreso, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría. Desde la Defensoría sostienen que la demora en la ejecución de la norma "genera perjuicios de imposible reparación ulterior" y anticipan que, de ser rechazado el amparo, recurrirán a la Corte Suprema en instancia federal. Mientras tanto, el reclamo vuelve a poner en el centro del debate el deterioro de la salud pública y la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la atención pediátrica en todo el país.