Una madre denunció que su hijo fue abusado en el baño de la escuela y reclama falta de apoyo institucional
El hecho habría ocurrido en la EEP N° 473 de Quitilipi. La denuncia fue presentada hace más de dos semanas por la madre del menor. En diálogo con N9, la abogada penalista Adriana Molina afirmó que no se tomaron medidas ni se brindó contención psicológica al niño.

En una escuela primaria de Quitilipi, una madre denunció que su hijo fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de dos compañeros dentro del baño del establecimiento. El hecho, ocurrido hace poco más de dos semanas en la EEP N° 473, motivó la intervención de la Justicia y puso bajo la lupa el accionar de las autoridades educativas.
La abogada penalista Adriana Molina, representante legal de la madre, explicó que "la denuncia se radicó luego de que la mamá no encontrara eco en la dirección ni en la supervisión educativa". En diálogo con N9, señaló que "el Ministerio de Educación no fue informado en su momento, lo que impidió que se tomaran medidas urgentes para proteger al menor". Según precisó, la regional educativa de Quitilipi tampoco intervino de manera inmediata.
Molina cuestionó duramente la falta de acompañamiento institucional. "El niño no tuvo ningún tipo de contención ni seguimiento psicopedagógico. Lo único que recibió fue el pase a otra escuela", aseguró. Indicó además que la madre "fue quien debió moverse sola para buscar ayuda y denunciar la situación ante la Justicia". La abogada destacó que el nuevo establecimiento educativo ya está brindando al niño un entorno más cuidado y contención emocional.
Sobre la investigación judicial, Molina informó que la causa está en manos del fiscal Soto, de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña. "Ya se tomó declaración a la madre y se están analizando las pruebas. En los próximos días el niño será convocado a una Cámara Gesell", adelantó. También reclamó sanciones administrativas para el personal directivo y supervisores que, según dijo, "omitieron sus responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad".
El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención, denuncia y acompañamiento de situaciones de violencia infantil. La familia espera que se haga justicia y que se adopten medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
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