A juicio los piqueteros Cáceres y Torales: investigan desvío de 231 millones de pesos
El fiscal Patricio Sabadini consideró acreditadas maniobras de blanqueo de capitales a través de fundaciones que facturaban casi en exclusiva con el Estado provincial. Los dirigentes sociales fueron procesados por el delito de lavado de activos agravado, tras detectarse un crecimiento patrimonial que no se corresponde con ingresos declarados.
El Ministerio Público Fiscal elevó a juicio la causa que involucra a los dirigentes sociales Marcos Cáceres y Lucas Alexis Torales Cordeiro, acusados de encabezar maniobras de lavado de activos a partir de fondos públicos provinciales. El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien sostuvo que "los hechos y participaciones criminales que forman parte de esta acusación tienen sustento probatorio en los elementos reunidos".
De acuerdo con la investigación, Torales, junto a su padre José de Jesús y su hermano Marcos Gabriel, habría conformado un grupo económico familiar dedicado a "extraer dinero del erario público provincial de forma ilícita" mediante fundaciones que facturaban casi en exclusiva con organismos estatales. Entre ellas se encuentran Jóvenes Líderes, La Revolución, Árbol de la Vida y 11 de Febrero, que recibieron pagos por más de 231 millones de pesos entre 2019 y 2023.
Los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Policía del Chaco detectaron que el dinero ingresaba a cuentas bancarias de estas fundaciones y era retirado en efectivo casi en su totalidad. Posteriormente, se registraba un incremento en cuentas personales de los acusados o la adquisición de bienes registrables como autos de alta gama, camionetas y plazos fijos. "Las circunstancias objetivas analizadas ponen de relieve la canalización de fondos espurios en maniobras típicas del delito de lavado de activos", señaló el fiscal.
Cáceres, referente piquetero del movimiento Juan Domingo Perón, aparece mencionado en la causa como acompañante de Torales en reuniones con funcionarios del gobierno provincial, donde se les habrían asignado lotes de tierras fiscales con un trato "preferencial y de privilegio". Según testigos, incluso se habrían vendido cesiones de ocupación de terrenos a particulares.
El juez federal dictó procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales, considerado autor de los hechos, mientras que su padre y hermano fueron procesados como partícipes necesarios, sin prisión preventiva. Cáceres enfrenta acusaciones vinculadas a la intermediación en estas operaciones. "No registraron ingresos lícitos que permitan justificar el nivel de vida demostrado", enfatizó el dictamen fiscal.
La calificación legal es lavado de activos agravado por habitualidad y comisión de manera organizada, figura prevista en el artículo 303 del Código Penal. El fiscal Sabadini recordó que "no es necesario tener individualizado el delito anterior para considerar la ilicitud de los fondos, toda vez que el imputado no pueda demostrar el origen lícito de los mismos". Con este paso, la causa queda en condiciones de ser juzgada en debate oral y público.
