La Justicia frenó más de 300 despidos encubiertos en el INTA

La Justicia Federal en lo Civil y Comercial de San Martín dictó un fallo que frenó el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del INTA, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La medida, presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no solo obliga al Gobierno a retrotraer la decisión sino que además impone una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento, un castigo económico inédito que refleja la desconfianza del Poder Judicial en la capacidad del Ejecutivo de acatar sus resoluciones.

El conflicto comenzó cuando, pese a la cautelar vigente y al rechazo definitivo del DNU en el Senado, el Ministerio de Economía avanzó con la Resolución 1240, que habilitaba los despidos encubiertos bajo la figura de "pase a disponibilidad". La jugada se dio en paralelo a la ofensiva del Ministerio de Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger, que buscaba desarmar organismos descentralizados y reducir el personal en áreas clave de la administración pública. Finalmente, la estrategia no solo fue declarada ilegal sino que se convirtió en un boomerang político y judicial.

Dirigentes gremiales remarcaron que el fallo es una muestra más de cómo el Gobierno insiste en chocar con los otros poderes del Estado. "En serio, ¿van a seguir desafiando a la Justicia y al Congreso?", se preguntó públicamente el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al celebrar la decisión. En la misma línea, trabajadores del INTA explicaron que detrás de cada puesto está el sostén de proyectos productivos vinculados a la agricultura familiar, que ahora quedan en suspenso por la incertidumbre generada desde el Palacio de Hacienda.

La responsabilidad política quedó señalada directamente en Luis Caputo y Federico Sturzenegger, a quienes el propio director del INTA, Nicolás Bronzovich, apuntó como autores de la decisión. Según reconoció, Economía pidió recortes en sistemas y administración sin consultar a las autoridades técnicas del organismo. El revés judicial expone así las contradicciones de un gabinete que pretendió avanzar con el ajuste a cualquier costo y que ahora deberá enfrentar no solo la reincorporación de los trabajadores, sino también el costo político de haber perdido otra pulseada institucional.