La Justicia habilitó la apelación en la causa de Ian Moche contra Javier Milei

El conflicto judicial entre el presidente Javier Milei y el niño con autismo Ian Moche sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, dio lugar a la apelación presentada por la defensa del menor. De este modo, la causa pasará a ser analizada por la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá revisar si el fallo inicial del magistrado se ajustó a derecho. El eje del reclamo gira en torno a un posteo realizado por Milei en la red social X, donde descalificó al niño y a su familia.

La defensa, encabezada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestionó duramente la resolución de Recondo por considerarla nula y sesgada. En su presentación, argumentó que las declaraciones públicas del juez reflejaron falta de imparcialidad, ya que expuso opiniones personales sobre la familia del niño antes de resolver el caso. Además, destacó que el magistrado desconoció principios básicos de protección de la niñez, al sostener que Ian, por haberse expresado públicamente, debía soportar críticas incluso de la máxima autoridad del país.

El núcleo del planteo también apunta a la naturaleza de la cuenta oficial de Milei en X. Para la defensa, el hecho de que el perfil presidencial tenga la verificación gris implica que cada mensaje allí emitido corresponde al ejercicio de su función como jefe de Estado y no a una manifestación privada. Esto contrasta con el razonamiento del juez Recondo, que había interpretado que Milei actuó como un ciudadano común amparado en la libertad de expresión. Según los abogados, esa contradicción afecta la validez del fallo y justifica su nulidad.

Otro punto central de la apelación es el impacto que tuvo la publicación presidencial. Gil Domínguez remarcó que al compartir y comentar un mensaje ofensivo de un usuario conocido por difundir noticias falsas, el mandatario no solo amplificó la agresión, sino que le dio un carácter institucional. La defensa advirtió que este tipo de actos comunicativos pueden configurar responsabilidades legales y afectar derechos humanos básicos, especialmente cuando la víctima es un niño. Ahora será la Cámara Federal la que decida cómo continuará el expediente y si corresponde ordenar la eliminación del posteo.