Trump ordena un nuevo censo que excluye a inmigrantes irregulares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la realización de un nuevo censo nacional que excluiría a inmigrantes sin estatus legal. La decisión, orientada a modificar la composición de los distritos electorales antes de las elecciones de medio término de 2026, fue comunicada a través de su plataforma Truth Social. Allí remarcó que "las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO". Desde la Casa Blanca, el equipo de Trump defendió la iniciativa como una medida necesaria para "garantizar que los votos de cada ciudadano tengan el mismo peso".

La propuesta generó un amplio rechazo por parte de especialistas y organizaciones de derechos civiles, que sostienen que la Constitución establece que el censo debe realizarse cada 10 años y contar a todas las personas residentes, sin distinción de ciudadanía. La ACLU advirtió que una exclusión de este tipo "desafiaría la Constitución, la ley federal y los precedentes establecidos". Durante su primer mandato, Trump ya había intentado introducir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, pero fue bloqueado por la Corte Suprema.

En términos demográficos, el impacto de esta decisión podría ser profundo. Según el Pew Research Center, unos 11 millones de personas quedarían fuera del conteo, entre ellos más de 7 millones de origen latinoamericano. Aunque California es el estado con más migrantes irregulares, Texas y Florida —gobernados por republicanos— también verían afectada su representación política. En ese contexto, el anuncio generó divisiones internas en el propio Partido Republicano, donde algunos dirigentes temen consecuencias no deseadas.

Mientras tanto, legisladores demócratas y activistas consideran que el objetivo de Trump es consolidar un mapa electoral más favorable a los republicanos. Desde el Congreso, la representante Marjorie Taylor Greene celebró el respaldo presidencial a su proyecto de ley que exige un censo exclusivo para ciudadanos. En paralelo, se multiplican las advertencias sobre una posible judicialización de la medida, en lo que podría convertirse en una nueva batalla legal de alto voltaje institucional antes de los comicios de 2026.