Declararon culpable a Francisco Escalante por el doble homicidio en Quitilipi

Francisco "Pachi" Escalante fue declarado culpable este viernes por el femicidio de Antonella Altamirano y el homicidio de Evaristo Saux, ocurrido el 8 de marzo de 2023 en Quitilipi. El veredicto fue pronunciado por un jurado popular tras una semana intensa de audiencias, alegatos y testimonios que reconstruyeron uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años en Chaco. La imputación incluyó agravantes como alevosía y violencia de género, lo que anticipa una condena de prisión perpetua, que será determinada por el juez técnico en la próxima instancia.

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El ataque, perpetrado con extrema violencia, tuvo como víctimas a una joven madre y a un hombre que se encontraba con ella en ese momento. Ambos recibieron 19 puñaladas, según confirmaron las pericias. La acusación sostuvo que Escalante actuó con premeditación y ensañamiento, motivado por una relación previa con Antonella y un contexto de celos y control. Durante todo el proceso, los familiares de las víctimas reclamaron justicia y pidieron una pena ejemplar para el acusado.

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Minutos antes del veredicto, Escalante tomó la palabra por segunda vez en dos años y se dirigió al jurado con lágrimas en los ojos. "Soy inocente y quiero volver a mi casa con mi familia", afirmó, rompiendo un prolongado silencio que había mantenido desde que se entregó voluntariamente a la Justicia un día después del hecho. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para revertir la prueba reunida en su contra ni la convicción del jurado, que lo encontró responsable por ambos asesinatos.

El juicio se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad y con un clima de fuerte tensión. Las familias de las víctimas y del imputado fueron ubicadas en sectores separados del recinto. El magistrado Jorge Rovier, a cargo del proceso, había advertido que cualquier incidente podría derivar en la exclusión de los asistentes. Tras la declaración de culpabilidad, la causa pasa ahora a la etapa de determinación de la pena, la cual, según la ley argentina, establece la prisión perpetua para homicidios agravados como los que se juzgaron en este caso.