El STJ definirá la disputa por las colectoras invertidas en las elecciones municipales
La Cámara Electoral revocó el fallo de primera instancia y avaló el decreto de Valdés que impide alianzas diferentes entre lo municipal y lo provincial. La oposición presentó un recurso extraordinario.

La pelea legal por la implementación de las llamadas "colectoras invertidas" en los comicios del 31 de agosto en Corrientes será resuelta por el Superior Tribunal de Justicia. El punto en discusión es la validez del inciso "b" del Decreto 1260, dictado por el gobernador Gustavo Valdés, que impide que un candidato a intendente pueda adherir su boleta a más de un candidato a gobernador. La norma había sido anulada por la jueza electoral María Eugenia Herrero, pero volvió a tener vigencia tras el fallo de la Cámara Electoral.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de las juezas María Herminia Puig y Nidia Billinghurst de Braun. La presidenta del tribunal, Martha Altabe, votó en disidencia, ratificando la posición de primera instancia que consideró inconstitucional el decreto. Según esa postura, la medida del Ejecutivo provincial fue extemporánea y violaba principios como la seguridad jurídica, al modificarse en medio del proceso electoral.
La oposición, integrada por el PJ, Encuentro por Corrientes y otras fuerzas, sostiene que el decreto cambia las reglas de juego ya fijadas y limita la posibilidad de alianzas locales con esquemas distintos a los provinciales. Consideran que impide prácticas históricas en municipios donde conviven acuerdos locales entre partidos que a nivel provincial no comparten alianzas. Por eso, este lunes, los apoderados presentarán un recurso extraordinario para que el Superior Tribunal revise el caso.
Hasta tanto se pronuncie el máximo órgano judicial de la provincia, el inciso "b" del Decreto 1260 se mantiene en vigencia. La resolución definitiva tendrá un impacto directo en la estrategia electoral de numerosos partidos que ven limitada su capacidad de conformar alianzas locales autónomas. La discusión no solo es jurídica, sino también política, ya que definirá el margen de acción que tendrán las distintas fuerzas para competir en un escenario fragmentado.
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