El empresario Federico Cheme se negó a declarar y analizan su prisión domiciliaria

La causa judicial que investiga el hallazgo de más de dos kilos de cocaína en la ciudad de Corrientes continúa avanzando. En el centro de la investigación se encuentra el empresario vinculado a la organización de eventos nocturnos, Federico Cheme, quien permanece detenido desde el 23 de junio tras un procedimiento policial en el barrio Laguna Seca. El juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda informó que, hasta ahora, de los cuatro imputados solo uno prestó declaración: Oscar Wills, quien alegó que se encontraba con Cheme porque este le debía dinero. El empresario, por su parte, se abstuvo de declarar ante el magistrado.

El operativo que derivó en las detenciones fue ejecutado por la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial y se concretó pasadas las once de la noche, en una zona urbana donde los investigadores sospechan que podría haberse intentado concretar una transacción. En ese momento, Cheme descendió de un vehículo y se dirigió hacia otro automóvil ocupado por una pareja y una niña, cuando intervino la fuerza de seguridad. Los cuatro adultos fueron detenidos y se incautó la cocaína, que según las primeras pericias es de "buena calidad", aunque aún no fue determinado su valor en el mercado ni el origen del estupefaciente.

Además de las indagatorias a los imputados, el Juzgado Federal se encuentra recabando testimonios de los agentes intervinientes en el procedimiento. No obstante, se espera con especial atención el resultado de las pericias a los teléfonos celulares secuestrados, ya que podrían aportar elementos claves como conversaciones o registros de ubicación que permitan esclarecer la participación de cada uno de los detenidos. El juez aclaró que, por el momento, no se puede determinar el grado de responsabilidad de los implicados y remarcó la relevancia del análisis técnico de esos dispositivos.

En paralelo, la defensa de Federico Cheme presentó un pedido de prisión domiciliaria, argumentando que el empresario padece una adicción a los estupefacientes que hace incompatible su permanencia en una comisaría. El juez Fresneda explicó que la causa está enmarcada en la Ley 23.737 de estupefacientes, y que la posibilidad de excarcelación dependerá de la calificación legal que finalmente se le atribuya al hecho. Algunas figuras previstas por la norma permiten la excarcelación, pero otras –con penas mínimas más altas– dificultan esa posibilidad. La resolución sobre el pedido de domiciliaria podría conocerse en un plazo de hasta quince días.