La justicia autorizó a la hija del narco Salvatore, condenada por lavado, a viajar a Miami

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia autorizó a Carla Salvatore, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a viajar a Miami entre el 1 de julio y el 3 de agosto. Según se desprende del fallo firmado por los jueces Fabián Gustavo Cardozo, Víctor Alonso González y Manuel Alberto Jesús Moreira, la decisión responde a un pedido de la defensa de Salvatore que alegó motivos laborales. La resolución incluye detalles como el uso de transporte aéreo y la permanencia en un domicilio previamente notificado a la Justicia.

El permiso generó inmediatas repercusiones, especialmente por tratarse de una persona sentenciada por administrar bienes obtenidos de actividades ilícitas. Carla es hija del fallecido narcotraficante Salvatore, y en su momento fue hallada culpable por su participación directa en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, incluyendo la administración de inmuebles y emprendimientos en el país y en el exterior.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la ausencia de oposición por parte del fiscal federal que intervino en la causa. A pesar de haber sido quien originalmente apeló una absolución y logró que se condenara a Carla Salvatore, en esta instancia el fiscal Federico Carniel no presentó objeciones al pedido de la defensa para que la mujer viajara al exterior. Esta falta de resistencia procesal resultó determinante para que el Tribunal Oral Federal de Resistencia concediera la autorización.

El ex fiscal federal Carlos Sancerri expresó fuertes reparos en relación al fallo. "Estamos marcados por precedentes peligrosos", declaró en diálogo con Radio Nordeste, y agregó: "Creo que es un mal mensaje para todos". El ex funcionario judicial cuestionó si la condena se encuentra firme y consideró que, de ser así, "la pena debería cumplirse en forma efectiva, como lo establece la ley". También expresó preocupación por el tipo de actividad laboral alegada, recordando que durante la investigación se identificaron empresas ligadas a la familia, incluso en Miami, lo que podría generar dudas sobre la legalidad de los ingresos.

Sancerri profundizó además en la dimensión simbólica y jurídica del caso: "La finalidad de la pena no es solo sancionar, sino prevenir y resocializar. Permitir un viaje internacional de una persona condenada por delitos graves mina la confianza social en el sistema judicial". Y cerró su intervención con un mensaje de alerta: "Este tipo de decisiones genera la percepción de que las penas pueden relativizarse según conveniencia, y eso es muy peligroso para el Estado de Derecho".