El fiscal Carniel confirmó que el 30 de junio se conocerá el veredicto en la causa "Mi Pueblo"
La justicia federal chaqueña definirá el 30 de junio la situación penal de la exfuncionaria Aída Ayala y otros tres imputados por presunta defraudación al Estado.
En el marco de la causa conocida como "Mi Pueblo", el fiscal federal Federico Carniel confirmó que el próximo 30 de junio se dará a conocer el veredicto contra Aída Ayala, Matías Balmaceda, Miguel Ángel Vilte y Carlos Casalboni. La exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri está acusada de presunta defraudación al Estado por el direccionamiento de fondos para la compra de maquinaria con sobreprecios, en beneficio de empresas vinculadas a contrataciones municipales en Quitilipi.
Causa "Mi Pueblo": se aplazó el veredicto contra Aída Ayala | Noticiero 9
En diálogo con N9, Carniel explicó que la audiencia del miércoles incluyó el alegato final de la defensa de Vilte y la aceptación de la probation para Claudio Toledo, titular de la firma Service Hogar. "Se hizo el trámite y se concedió la probation", señaló el fiscal, y detalló que el acuerdo contempla "una reparación del daño de alrededor de 6 millones de pesos, el cumplimiento de reglas de conducta por dos años y la inhabilitación como proveedor en Quitilipi".
El caso se construye sobre la hipótesis de una maniobra fraudulenta encabezada por funcionarios públicos, con participación de empresarios. En ese sentido, Carniel aclaró que si bien Toledo fue parte del circuito irregular, "nosotros analizamos que hubo una participación importante, pero no del mismo nivel que los funcionarios públicos". Por esa razón, la Fiscalía priorizó el avance del proceso sobre los actores estatales, a quienes considera con mayores responsabilidades penales.
Consultado sobre su evaluación del acuerdo alcanzado con Toledo, Carniel sostuvo: "Está dentro de las posibilidades, digamos. La ley prevé esta opción. Nosotros habíamos pedido tres años, así que el monto de la pena que pedimos permite que se acceda a este método alternativo". La medida fue aprobada por el tribunal, en una audiencia en la que Ayala no estuvo presente, pero sí participó de manera remota, al igual que Vilte.
Respecto al resto de los imputados, el fiscal confirmó: "El 30 de junio el tribunal va a dar el veredicto y se van a escuchar las últimas palabras de los imputados". Además de Ayala, ese día se definirá la situación de Balmaceda y Vilte —exasesores de la exfuncionaria— y de Carlos Casalboni, entonces intendente de Quitilipi, quien afronta un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad. "De no prosperar un planteo de la defensa de prescripción, debería ser condenado también", indicó Carniel.
La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de los exfuncionarios. La resolución judicial tendrá lugar en un contexto de creciente atención sobre los procesos que involucran a figuras políticas con responsabilidades de gestión, y marcará un hito en una de las causas federales más relevantes en la provincia del Chaco en los últimos años.
