La justicia confirmó el procesamiento de Torales por lavado de $231 millones de fondos públicos
La Cámara Federal de Resistencia avaló el procesamiento con prisión preventiva para Lucas Torales Cordeiro, acusado de liderar una red que blanqueó millones destinados a proyectos sociales.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Lucas Alexis Torales Cordeiro, a quien se acusa de haber encabezado una red de lavado de activos que movió más de 231 millones de pesos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Su hermano y su padre también fueron procesados, aunque sin prisión preventiva. Las maniobras ilegales se habrían ejecutado entre 2019 y 2023 mediante fundaciones que, bajo la fachada de programas sociales, desviaron fondos a canales paralelos.
La investigación determinó que el dinero público destinado a la construcción de viviendas sociales fue canalizado hacia fundaciones manejadas por los Torales Cordeiro. Una vez recibidos los fondos, se realizaban extracciones en efectivo, operaciones en casas de cambio informales, adquisición de criptomonedas y compras de bienes de lujo. Entre las irregularidades detectadas figuran vehículos de alta gama, propiedades y viajes internacionales, todo sin justificación patrimonial.
Lucas Torales, inscripto como monotributista de baja categoría, figuraba como presidente de dos de las fundaciones investigadas y registró en 2023 ingresos millonarios incompatibles con su situación fiscal. Las pruebas recolectadas, entre ellas informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y documentación bancaria, sirvieron para sostener la acusación de que existía una estructura organizada con vínculos familiares y reparto de funciones dentro de una red delictiva compleja.
El fallo judicial remarca que los hechos reflejan un modelo de corrupción sistemática que compromete la ética pública y afecta directamente a los sectores más vulnerables, al desviar recursos clave para el desarrollo social. La Cámara destacó la gravedad del daño institucional y social provocado, así como el riesgo de que el principal acusado obstaculice el proceso judicial en libertad, motivo por el cual avaló su prisión preventiva.
