Detuvieron al primer sospechoso por los destrozos en Canal 13 y TN tras la condena de CFK
Se trata de un hombre de 34 años, vecino de Villa Ballester, que habría participado del violento ataque a las instalaciones del grupo Artear tras el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner.

La Policía de la Ciudad detuvo esta madrugada a un hombre acusado de haber participado en el ataque al edificio del Grupo Artear, que alberga a los canales TN y El Trece, ubicado en la calle Lima al 1200, en pleno centro porteño. El operativo se concretó en la intersección de Carlos Calvo y San José, a pocas cuadras del lugar de los hechos, y estuvo a cargo del personal de la Comisaría Vecinal 1C y del equipo de Despliegue de Intervenciones Rápidas.
El detenido fue identificado como Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años, domiciliado en Villa Ballester, partido de San Martín. De acuerdo con fuentes policiales, habría sido uno de los manifestantes encapuchados que irrumpieron en las instalaciones del canal durante la noche del martes, luego de conocerse que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Repudio total al brutal ataque a ARTEAR por parte de militantes de CFK
Durante la agresión, los atacantes destrozaron el frente del edificio, el hall de ingreso, y causaron daños en al menos seis vehículos del estacionamiento, incluidos algunos pertenecientes a periodistas y empleados. También se registraron roturas en bicicletas, vitrinas con trofeos y otros bienes del canal. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso del grupo, lo que permitió identificar a Rivaldi por su vestimenta, que coincidía con la que llevaba al momento de su detención.

Rivaldi sería empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y miembro del gremio ATE. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Florencia Pagilanitti, dispuso su arresto inmediato. Mientras tanto, tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como autoridades gubernamentales repudiaron enérgicamente el hecho y exigieron garantías para la seguridad de los medios de comunicación y sus trabajadores. Se trata del primer detenido en el marco de una investigación que continúa abierta.













