Tras el fallo de la Corte, la Fiscalía solicitó seis detenciones en la causa por lavado contra Lázaro Báez
El fiscal Abel Córdoba pidió la detención de seis personas que recibieron penas efectivas por su participación en la maniobra de lavado de dinero vinculada a Lázaro Báez. También solicitó que se realicen los cómputos de pena para determinar si Báez y otros implicados deben volver a prisión.
Un día después de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas en la causa conocida como la "Ruta del dinero K", la Fiscalía federal pidió la detención de seis condenados que nunca estuvieron presos. Entre ellos se encuentra Fabián Rossi, quien fue apoderado de la financiera S.G.I., y recibió una pena de cuatro años y medio de prisión. También se solicitó el arresto de Julio Mendoza, ex titular de Austral Construcciones; Juan Alberto De Rasis, vinculado a operaciones en un banco suizo; César Fernández, ex empleado de S.G.I.; el empresario Carlos Molinari; y Eduardo Castro.
Los acusados formaron parte de una estructura que permitió lavar 55 millones de dólares a través del envío de fondos al exterior y su posterior reingreso al país. Según la Justicia, todos desempeñaron roles clave en esa operatoria, que tenía como eje a la financiera de Federico Elaskar y beneficiaba directamente al empresario Lázaro Báez y su entorno. La Fiscalía aclaró que se trata de condenas de más de tres años, por lo que deben ser cumplidas de forma efectiva, sin posibilidad de condicionalidad.
Las defensas, por su parte, presentaron pedidos para que se les conceda la prisión domiciliaria alegando razones de salud y edad avanzada. Algunos de los implicados, como Molinari, Mendoza y Castro, superan los 70 años, lo que según la normativa vigente habilita a solicitar la detención domiciliaria, aunque no garantiza su otorgamiento automático. El Tribunal Oral Federal N.º 4 deberá resolver sobre esos planteos en los próximos días.
Además, el fiscal Abel Córdoba solicitó que se efectúe el cómputo de las penas de Lázaro Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, quienes sí estuvieron detenidos durante el proceso. El cálculo deberá determinar si los años ya cumplidos, incluyendo posibles períodos de prisión domiciliaria en causas conexas, alcanzan para considerar cumplida la condena o si deben regresar a una unidad penitenciaria. En el caso de Báez, se abre una controversia sobre si computar solo su paso por la cárcel o también los años bajo arresto domiciliario por otra causa.
