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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CORRIENTES

La Justicia ordenó cerrar más de 400 portales de juego no autorizado

Una medida cautelar dictada por la Justicia provincial instruyó al ENACOM a impedir el acceso a plataformas digitales que ofrecían juegos sin cumplir la normativa vigente. La denuncia fue impulsada por el Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes tras detectar una red de portales que operaban al margen de la ley.

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La Justicia de Corrientes ordenó este martes el bloqueo de 424 sitios web dedicados al juego online que operaban sin la debida autorización. La medida, dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo de María Amelia Zair, se dictó como parte de una acción cautelar impulsada por el Ministerio Público Fiscal, tras una denuncia formal del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC).


Las plataformas señaladas no contaban con habilitación oficial de Lotería Correntina ni utilizaban el dominio ".bet.ar", requisito exigido por la normativa nacional para operar legalmente en el país. Según la investigación realizada por la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos de la Policía provincial, se trataba de sitios activos que infringían la regulación vigente sobre juegos de azar en entornos digitales.


En su fallo, la magistrada fundamentó la decisión en la necesidad de proteger a los usuarios frente al accionar de operadores que eluden controles estatales y representan un riesgo para la implementación de políticas públicas de juego responsable. La resolución también estableció que, debido a la urgencia y al carácter colectivo del daño, se aplicó el artículo 247 del Código Procesal Penal para proceder sin la identificación de responsables concretos.


El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) fue instruido para ejecutar el bloqueo mediante los proveedores de Internet, además de supervisar el cumplimiento efectivo de la orden. Asimismo, se solicitó que se extienda la restricción a cualquier redireccionamiento o versión modificada de los sitios involucrados. La disposición se apoya en lo establecido por la Ley Argentina Digital, que faculta al ente regulador a intervenir frente a contenidos ilícitos.

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