Juez federal entregó bienes de una causa por lavado a la provincia y a un excompañero sin intervención legal
En la polémica resolución, el magistrado Enrique Bosch adjudicó un inmueble a la Provincia y una camioneta al Tribunal de Cuentas, presidido por su excolega. La decisión fue apelada y podría derivar en un jury por mal desempeño.
El juez federal subrogante de Resistencia, Enrique Bosch, resolvió la entrega definitiva de bienes inmuebles y un vehículo decomisados en una causa por lavado de activos al Gobierno del Chaco y al Tribunal de Cuentas de la provincia, sin intervención previa de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como exige la normativa vigente.
La medida fue dictada en el expediente "Retamozo, Omar Naldo s/infracción art. 303", vinculado al fallecido contador Omar Retamozo, sobre quien pesaba una investigación por lavado de activos. Tras confirmarse la imposibilidad de enjuiciamiento por su deceso, el juzgado resolvió el decomiso definitivo de los bienes.
Según consta en la resolución firmada en mayo de 2025, se adjudicó el inmueble identificado con Folio Real N° 3330 (Departamento O’Higgins) al Gobierno de la Provincia del Chaco, mientras que otro, identificado con Folio Real N° 4457, fue destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, se entregó una camioneta Toyota Hilux, dominio AA-407-KM, al Tribunal de Cuentas.
Este último punto generó controversia, dado que el titular de ese organismo, Cr. Juan José Fuentes Castillo, fue anteriormente compañero de Bosch en el mismo Tribunal de Cuentas. En el expediente se registra una solicitud expresa de Fuentes Castillo, quien argumentó que el vehículo permitiría realizar tareas de fiscalización en el interior provincial en el marco de "un contexto de austeridad".
Sin embargo, la resolución fue apelada por el querellante Dr. José María Vera, en representación de la UIF, quien cuestionó duramente la omisión de los organismos nacionales que, según el artículo 27 de la Ley 25.246, deben intervenir en el destino de los bienes provenientes de delitos financieros.
"La resolución del juez Bosch vulnera las disposiciones de la ley en cuanto al destino y administración de los bienes decomisados, al omitir la intervención de los organismos nacionales competentes. Lo actuado configura una causal de mal desempeño", sostuvo Vera en la presentación apelatoria, donde además dejó planteada la posibilidad de iniciar un proceso de jury contra el magistrado.
En ese escrito, al N9 tuvo acceso, se argumenta que la entrega directa y definitiva de los bienes sin seguir el procedimiento legal constituye una irregularidad grave. "El juez actuó como si los bienes fueran propios y los distribuyó arbitrariamente, con fines políticos", se indica.
"El juez ya había dispuesto el decomiso anticipado semanas antes, y luego avanzó con la entrega definitiva, sin intervención de la UIF ni la AABE."
Ahora, la apelación podría reabrir el expediente y poner bajo la lupa la conducta del juez. De avanzar, podría derivar en un juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
