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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CAUSA BRILLA

"No quiero ser pesimista, pero el tema de la fuga del dinero es una ciénaga"

La detención de Fernando Ayala y la búsqueda internacional de Walter Pasko revelan el avance de la Causa Brilla, que investiga una compleja red de lavado con vínculos en el Estado

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Una serie de allanamientos en el casco céntrico de Resistencia derivó en la detención de Fernando Ayala, señalado como operador financiero de una red de lavado de activos con ramificaciones en el Estado chaqueño. La maniobra, conocida como "Causa Brilla", involucra a empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sociales, y fue investigada durante más de dos años por la Justicia federal. En diálogo con N9, el fiscal Patricio Sabadini confirmó que "la fiscalía llegará hasta las últimas consecuencias" y aseguró que la estructura criminal está prácticamente lista para enfrentar un juicio oral.

Los operativos, llevados adelante por la Policía del Chaco y ordenados por la jueza Zunilda Niremperger, incluyeron el secuestro de vehículos, documentación, computadoras y armas registradas. "Desde las seis de la mañana se vienen desarrollando allanamientos en distintos puntos, y ya fue materializada la orden de detención contra dos sospechosos", detalló Sabadini, quien remarcó que uno de los focos principales fue el edificio de avenida Sarmiento 185, donde vivía Ayala.

La red, que utilizaba cooperativas sin actividad real y fundaciones presididas por familiares del dirigente piquetero Ramón "Tito" López, fue descubierta por azar cuando un carnicero denunció el uso fraudulento de su clave fiscal. A partir de esa denuncia, surgieron otros casos similares: ciudadanos comunes figuraban como proveedores de servicios millonarios que jamás habían prestado. "Esta es una causa que tiene muchísimos más personajes interviniendo, entre ellos familiares de Ayala y Pasko", explicó el fiscal a N9.

Walter Pasko, contador y considerado el cerebro financiero de la maniobra, permanece prófugo. Según confirmó Sabadini, se solicitó su captura internacional a través de Interpol. "Tenemos información de que estaría tramitando la ciudadanía paraguaya", afirmó, y agregó que las pruebas en su contra provienen del análisis de teléfonos secuestrados y registros migratorios. En uno de los videos incorporados a la causa, se observa a Ayala contando fajos de billetes frente a sus hijos, horas antes de cruzar la frontera hacia Brasil.

La fiscalía también rechazó tajantemente un pedido de la defensa para que los imputados se acojan a un eventual régimen de blanqueo de capitales. "Sería un mensaje gravísimo, un llamado a la sociedad a realizar estas maniobras para después quedar impunes", advirtió Sabadini, quien remarcó que eso constituiría una "grave afectación institucional". El planteo fue calificado como inadmisible y ya se trabaja para evitar que prospere en cualquier instancia administrativa.

Las maniobras investigadas incluyen la creación de crédito fiscal ficticio, la simulación de servicios inexistentes y el ocultamiento del origen ilícito del dinero mediante estructuras jurídicas complejas. "Se utilizaban fundaciones legalmente establecidas que presentaban a terceros como prestadores de servicios, cuando en realidad nunca estuvieron vinculados", puntualizó el fiscal federal, que además señaló la participación de menores en los videos como "un elemento elocuente" del impacto social del delito.

El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) figura como uno de los principales organismos desde donde se desviaban fondos públicos hacia las cooperativas fantasma. Allí trabajaba Diana Daniel, esposa de Pasko, hoy también imputada. Su rol habría sido clave para direccionar contratos hacia entidades manejadas por su pareja. El expresidente del IAFEP, Mauro Andión, ya se encuentra detenido.

"El problema de la trazabilidad del dinero, una vez que se convierte en efectivo, es que se vuelve muy difícil seguirlo", lamentó Sabadini. "La sensación de impunidad es un factor que claramente influye", concluyó. Mientras Ayala permanece tras las rejas y se espera la ampliación de imputaciones, el mensaje del Ministerio Público es claro: no habrá margen para el encubrimiento ni la negociación con los responsables de un sistema que, durante años, desvió millones del presupuesto público chaqueño.

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