La Corte Suprema acelera la causa Vialidad y vuelve a tensar el tablero político

En un contexto de alta sensibilidad política y mediática, la Corte Suprema de Justicia solicitó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que se expida sobre un recurso extraordinario en la causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. La presentación, realizada por el fiscal Mario Villar, busca que se agrave la condena dictada contra la expresidenta, incorporando el delito de asociación ilícita, lo que implicaría duplicar la pena y dejarla inhabilitada para ejercer cargos públicos. El pedido se concretó este miércoles, un día después de que el diario La Nación cuestionara la supuesta demora del tribunal en pronunciarse, lo que algunos interpretan como una reacción institucional para despejar suspicacias.

El trámite judicial, en principio formal, fue interpretado como una señal de que el máximo tribunal estaría dispuesto a pronunciarse sobre el fondo del caso antes del cierre de listas para las próximas elecciones. No hay plazos establecidos para el dictamen de Casal, pero fuentes cercanas aseguran que podría tardar menos de un mes. Si bien su posición no es vinculante, lo que diga enviará un mensaje político y jurídico relevante. El procurador deberá evaluar si el planteo del fiscal Villar contiene argumentos sólidos y si respalda el criterio de los fiscales Luciani y Mola, quienes impulsaron una acusación por asociación ilícita en un juicio en el que, según varias voces, casi no se mencionó a Cristina Kirchner.

En los pasillos de Tribunales se especula sobre hasta qué punto la Corte está dispuesta a avanzar y en qué plazos. Mientras Ricardo Lorenzetti presiona para que el tema se resuelva durante el primer semestre del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz manejan con más reserva los tiempos del expediente. En causas similares que involucraron a figuras políticas, los fallos se dictaron en plazos dispares. En el caso Ciccone, por ejemplo, la condena a Amado Boudou se confirmó en seis meses, mientras que en el expediente del dólar futuro, la Corte tardó más de tres años en resolver. La historia reciente demuestra que los tiempos no siempre son jurídicos, sino que están atravesados por decisiones políticas.

En el caso Vialidad, la expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz. Su defensa sostiene que no hubo pericias que sustenten las irregularidades denunciadas, que los jueces actuaron con parcialidad y que se presentaron pruebas que ni siquiera fueron debatidas en el juicio. "No hay ninguna posibilidad de que Cristina vaya presa en el corto plazo", afirmó su abogado, Carlos Beraldi, quien también desmintió que la Corte rechace sistemáticamente este tipo de recursos.

La situación de Cristina Kirchner está atada a los tiempos de la Corte y al calendario electoral. Si el tribunal confirma la condena antes del cierre de listas, su inhabilitación podría entrar en juego. Pero si se postula a diputada o senadora y resulta electa, adquiriría inmunidad de arresto, aunque persistiría el debate sobre su eventual inhabilitación para ejercer cargos. Sin primarias, el cierre de listas para la Cámara de Diputados sería el 17 de agosto, mientras que el de las legislaturas provinciales se estima para el 7. En ese escenario, la Corte tiene en sus manos una decisión que puede alterar no solo la situación judicial de la expresidenta, sino también el mapa político del país.

Aunque el envío a Casal fue breve y sin plazos, el contexto y la interpretación pública le dan otra dimensión. No se le solicitó opinión sobre los planteos de las defensas, como sí se ha hecho en otras ocasiones, lo que refuerza la idea de que la Corte está enfocada en la posibilidad de avanzar sobre la condena a Cristina Kirchner. Por ahora, todo queda sujeto a lo que resuelva Casal, y a si los jueces consideran que es el momento adecuado para intervenir en un expediente que tiene múltiples aristas técnicas, pero también una evidente carga política.