Fraude y pensiones truchas: Dos intendentes chaqueños bajo la mira de la justicia

La justicia federal avanza en la investigación de una presunta red de corrupción vinculada a la entrega irregular de pensiones por invalidez en la provincia. En el centro de la causa se encuentran dos intendentes: Carlos Ibáñez, jefe comunal de Taco Pozo, y Liliana Pascua, de Enrique Urien. Ambos fueron procesados en diferentes expedientes que apuntan a maniobras fraudulentas con fondos del Estado nacional.

Según explicó el fiscal federal Carlos Amad, Ibáñez fue procesado junto a su hija y otros involucrados por su presunta participación en el otorgamiento de más de 600 pensiones irregulares. "La prueba tiene verosimilitud. Lo que venimos investigando y obteniendo hasta ahora muestra indicios firmes", afirmó el fiscal en diálogo con Radio Nordeste.

El caso tomó relevancia tras detectarse un perjuicio económico cercano a los mil millones de pesos. "Se trata de 150 a 200 pensiones que fueron tramitadas sin cumplir con los requisitos legales", detalló Amad. Además, se investiga el rol de médicos que habrían firmado certificados falsos, por lo que se les imputa el delito de falsedad ideológica en instrumento público.

Amad también sostuvo que estas pensiones habrían sido utilizadas como parte de una "estrategia política" para captar votos. "Fueron beneficios entregados con fines claramente electorales", señaló.

A pesar del procesamiento, Ibáñez continúa ejerciendo sus funciones como intendente. "El auto de procesamiento no lo inhabilita. Sigue siendo inocente hasta que haya una sentencia firme", explicó el fiscal.

Por su parte, la intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua, fue elevada a juicio oral acusada de cobrar una pensión por invalidez de forma paralela a su sueldo como jefa comunal, situación expresamente prohibida por la normativa vigente. 

"Se comprobó que cobraba ambas prestaciones de manera simultánea, lo cual constituye una incompatibilidad legal", explicó Amad. El expediente había sido inicialmente desestimado, pero tras la apelación del fiscal, la Cámara Federal revocó la falta de mérito y habilitó la prosecución de la causa.

La jueza interviniente finalmente resolvió elevar la causa a juicio, pese a la oposición de la defensa, que presentó recursos que fueron rechazados. Aún no hay una fecha determinada para el inicio del juicio, aunque el tribunal competente enfrenta demoras por la falta de personal.

Ambos casos reflejan una compleja trama de irregularidades en el manejo de beneficios sociales, y podrían sentar precedentes importantes en la lucha contra la corrupción a nivel local.