Noticiero 9

Una mujer demandó a AstraZeneca y al Estado Argentino por efectos secundarios de la vacuna

La damnificada sostiene que sufrió Síndrome de Guillain Barre. También pide la inconstitucionalidad de la Ley de Vacunas, que le dio inmunidad a las empresas para estos juicios

Una demanda ha sido presentada contra el Estado Argentino y la compañía farmacéutica AstraZeneca, marcando así el primer litigio público relacionado con la vacuna contra el COVID-19 en el país

La demandante, Flavia Ochoa, residente de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, busca una compensación que supera los 90 millones de pesos, alegando haber sufrido el Síndrome de Guillain-Barré tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Este síndrome es un trastorno poco común que afecta el sistema inmunológico, causando la parálisis del cuerpo al atacar los nervios.

El reclamo, iniciado administrativamente ante el Ministerio de Salud y ahora trasladado a los tribunales federales de Río Cuarto, también cuestiona la constitucionalidad de ciertos aspectos de la Ley de Vacunas, la cual otorga inmunidad a las empresas farmacéuticas en casos de demanda por efectos adversos. Según el abogado de la demandante, Pablo Roca, este caso representa un daño a la confianza pública y al sistema de salud en general, atribuyendo responsabilidad a AstraZeneca.

La demanda detalla una serie de compensaciones solicitadas, incluyendo indemnización por incapacidad, daño moral, y daños punitivos, entre otros. Además, se presenta el caso de la pareja de la demandante, quien también resultó afectado por la situación, generando un impacto significativo en la calidad de vida familiar. Documentos médicos respaldan la conexión entre la vacuna y los efectos adversos sufridos, corroborando la invalidez y los padecimientos continuos de la demandante.

El reclamo no solo se centra en la compensación económica, sino también en cuestiones éticas y legales, argumentando que la falta de información adecuada y el contexto de presión social y laboral fueron determinantes en la decisión de vacunarse. Se señala la cláusula de indemnidad de la Ley de Vacunas como un obstáculo para el ejercicio del derecho de petición y acceso a la justicia, lo que sugiere una violación de los derechos constitucionales.

Este caso plantea preguntas sobre la responsabilidad de las empresas farmacéuticas y el papel del Estado en la protección de los ciudadanos durante la campaña de vacunación. La evaluación de este litigio por parte de los tribunales federales determinará no solo el destino de la demanda, sino también sentará precedentes importantes en relación con la responsabilidad y la regulación en el contexto de la vacunación masiva contra el COVID-19.

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