Luego de un fin de semana convulsionado en El Impenetrable chaqueño, tras los incidentes ocurridos en Nueva Pompeya, Radio Nordeste conversó con la doctora Isabel Grillo y el Dr Víctor del Río, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Chaco, que nos brindaron sus impresiones acerca de la situación que se vive en el norte de la provincia.
“Estamos viviendo tiempos muy complejos, difíciles, que requieren respuestas urgentes, que debemos dar las autoridades, y que las vamos a seguir dando”, sostuvo la jueza Grillo.
“Poniendo la mirada en nuestro Impenetrable, hay conflictos de toda índole: humanos, institucionales, estructurales, que datan de mucho tiempo atrás”.
Al consultar sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Poder Judicial, la doctora señaló que: “Se ha logrado, en este momento, una situación y un estado de pacificación que es muy vulnerable (…) Estamos tomando decisiones judiciales y de gestión y no queremos contribuir a que, a través de nuestras expresiones se pueda dificultar ese camino. Debemos contribuir responsablemente a fortalecerlo”.
Remarcó, además que “se ha dado respuesta, en este estado de vulnerabilidad desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero debemos seguir trabajando para que la paz llegue a todas las personas, sin excepciones. En ese camino estamos empeñados”.
Con respecto a los hechos de violencia y al ataque sufrido por el juzgado de Misión Nueva Pompeya, la jueza Grillo se lamenta. “Terrible, doloroso, lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Hubiéramos querido presencialmente estar allí, pero no hemos podido por la distancia”. Destacó, no obstante que, “de manera presencial, trabajadores, liderados por funcionarios que allí estuvieron, en un estado de vulnerabilidad total, trataron de dar las respuestas judiciales. Estuvimos, presencialmente y estuvimos, digitalmente”.
Ante lo que describió como “un drama humano y social”, la magistrada destacó el rol de funcionarios judiciales que, articulados con el Poder Ejecutivo, procuraron arribar a un acuerdo provisorio con referentes de la comunidad los días previos a los incidentes. Lamentablemente, ese entendimiento fue “desarticulado” y quedaría preguntarse cuáles fueron las razones.
Sobre el estado en el que quedaron las instalaciones del juzgado atacado, el doctor Víctor Del Río señaló que: “Hoy el edificio está devastado”, no sólo en su parte externa sino en las partes internas de la edificación. Se ha devastado el mobiliario y se han destruido numerosos objetos y materiales que deberán ser reemplazados. Se abre una etapa de reconstrucción, en la cual se verán primeramente los daños ocurridos. “Esto implicará un nuevo esfuerzo del sistema judicial”, señaló Del Río. Además sostuvo que “Mientras las condiciones no están aptas, “no lo podemos poner en funcionamiento, no solo al edificio… también necesitamos tener la suficiente tranquilidad de que nuestros operadores, cuando vuelvan, tengan la seguridad de que, al prestar su servicio, no esté en riesgo su integridad física o psicológica”.
“Nos tomaremos el tiempo necesario para que estas condiciones estén aseguradas y el edificio vuelva a funcionar”.
Para garantizar la continuidad del servicio de justicia en la zona, el integrante del Tribunal Supremo comentó que han establecido “un sistema de emergencias, donde se han asignado las funciones de juez, fiscal y defensor. Todos prestarán, en las modalidades virtuales, el servicio de justicia una vez que esté restablecida plenamente la paz y la tranquilidad, no solo para Nueva Pompeya, sino para toda la región”.
Frente a las críticas al Poder Judicial provincial, sostuvo que “quizás nosotros tengamos que revisar muchas prácticas y la calidad del servicio que allí prestamos”. El juzgado de Nueva Pompeya “Era un lugar y seguirá siendo, un lugar donde todas las voces son escuchadas”.
Hábeas corpus para los manifestantes.
En las últimas horas había circulado la versión de que se dió lugar a un habeas corpus en beneficio del imputado y único detenido por la supuesta desaparición de Salustiano Giménez, hecho que originó en gran parte los reclamos de la comunidad wichí. Al respecto el magistrado señaló que “el hábeas corpus no fue en favor del detenido sino de las personas que habían sido aprehendidas” luego del ataque a la comisaría y el juzgado en Nueva Pompeya.
Sostuvo que la resolución tuvo como objetivo intentar pacificar la situación y tranquilizar a la comunidad wichí. “Si la razón de ser del fragor del reclamo de las comunidades era, que temían por la desaparición de los manifestantes, queríamos también, ver que esa situación desaparezca, en la medida en que pudiéramos comprobar que las personas se encontraban con vida”.
Pedido al Gobierno provincial.
Por último, la doctora Grillo manifestó su pedido al Poder Ejecutivo provincial para que “continúe acompañándonos, en el sentido de que contemos con los medios necesarios para el desempeño de nuestras funciones”. “Para administrar justicia, que es nuestra función, garantizar la supremacía constitucional y convencional en cada causa judicial, el Poder Judicial debe contar con los medios de seguridad necesarios. Si no, no es posible, porque somos personas humanas y vulnerables”.
