Noticiero 9

Extorsión piquetera: La justicia inhibió los bienes de los referentes sociales y peritará sus teléfonos

Además, se ordenó la realización de auditorias a cooperativas y organizaciones que recibieron fondos públicos.

El juez federal Sebastián Casanello ha decidido congelar los activos financieros de los individuos y asociaciones que fueron allanados en el día de ayer, en el contexto de una investigación sobre presuntas actividades extorsivas y de amenazas ejercidas por líderes de movimientos piqueteros hacia beneficiarios de programas sociales

En simultáneo, Casanello ha solicitado al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) que audite las operaciones de las cooperativas involucradas, en un esfuerzo por dilucidar cualquier irregularidad en su funcionamiento. Se aguarda con expectación el análisis exhaustivo de la documentación y pruebas recopiladas durante los allanamientos, con especial interés en el papel que desempeñarán los dispositivos celulares incautados, informan fuentes judiciales a Infobae.

Mientras tanto, los abogados de los acusados han comenzado a tomar medidas legales. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero no vinculado al caso, ha expresado que sus representantes legales solo pudieron acceder al expediente recientemente. Han dirigido sus críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber emitido declaraciones sobre los procedimientos aún en curso. Por su parte, la ministra ha solicitado ser parte querellante en la investigación, aunque el juez Casanello está evaluando la pertinencia de esta solicitud, dada la naturaleza de la relación entre la policía y el sistema judicial, según informan fuentes consultadas.

La causa tiene como origen miles de llamados de denuncias efectuados por medio de la línea 134, habilitada por la actual gestión para denunciar anónimamente casos de abuso de poder o aprietes por parte de organizaciones sociales o punteros sobre beneficiarios de planes sociales.

En su acusación, el fiscal Pollicita detalla cómo, bajo la apariencia de actividades solidarias, se habrían formado grupos para extorsionar a los beneficiarios de programas sociales, obligándolos a entregar dinero o participar en actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios.

Los mensajes de texto presentados como prueba refuerzan las imputaciones de coacción, extorsión y fraude en detrimento del Estado. Aunque se está considerando la posibilidad de lavado de dinero, no se han realizado detenciones hasta la fecha.

La solicitud de allanamientos realizada por el fiscal fue inicialmente rechazada por el juez Casanello, quien requirió más pruebas. Sin embargo, la apelación del fiscal fue exitosa ante la Sala I de la Cámara Federal, lo que condujo a los procedimientos de incautación de pruebas. 

Actualmente, no hay detenidos en relación con este caso, y se espera que la evaluación completa de la evidencia preceda a cualquier acción legal contra los involucrados. Los allanamientos se llevaron a cabo el pasado lunes, mientras que la inhibición de activos ha alcanzado a una lista extensa de personas, incluyendo a Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma y Gianna Puppo, entre otros.

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