Noticiero 9

El Gobierno cerrará el INAI Instituto de Asuntos Indígenas

El año pasado el organismo encargado de adjudicar tierras a comunidades indígenas tuvo un presupuesto de cerca de 2.000 mil millones de pesos. 

El Gobierno tomará la decisión de clausurar el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), entidad encargada de la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas, tras el cierre previo del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI).

Este organismo, que recibió un presupuesto cercano a los 2 mil millones de pesos el año pasado, será desmantelado y sus funciones transferidas al Ministerio de Justicia. Esta medida se enmarca en los esfuerzos de la mesa técnica liderada por Javier Milei por reducir la composición del personal de los institutos, buscando eliminar el rango de «instituto» para así recortar asignaciones presupuestarias mediante una auditoría.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas destinó en 2023 un total de 1.907 millones de pesos, distribuidos principalmente en gastos de personal y transferencias. Del presupuesto asignado inicialmente, que ascendía a 1.324 millones de pesos, se ejecutó un 80,93%, con un incremento posterior hasta alcanzar los 2.357 millones. La mayor parte de estos recursos se orientaron al pago del personal, seguido por las transferencias a instituciones provinciales y municipales, así como a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro.

El INAI, creado en 1985 por la Ley de Asuntos Indígenas, cuenta con una estructura descentralizada y participación indígena, dependiendo inicialmente del Ministerio del Interior y luego del Ministerio de Justicia. 

Entre sus funciones se incluye el registro de comunidades indígenas, la elaboración de planes de adjudicación de tierras, educación y salud, así como la gestión de planes habitacionales. Sin embargo, su eliminación plantea desafíos legales, ya que según señalan expertos en materia legal, esto solo sería posible mediante una ley o un decreto de Necesidad y Urgencia. Aunque el Gobierno podría optar por reducir su estructura al mínimo legalmente permitido, dejando vacantes los cargos y despojándolo de representación, lo que eventualmente llevaría a su disolución.

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