En el día de ayer, miércoles, cerca del mediodía, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el auto de procesamiento contra el ex conjuez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, por los cargos de prevaricato, asociación ilícita y tráfico de influencias. La presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, Dra. Rocío Alcalá, en diálogo con N9, explicó que la causa surgió a partir de pruebas que fueron incorporadas en el marco de otras dos causas que ya habían tramitado ante el juzgado federal de la ciudad Termal, y sobre las que tuvo conocimiento la Cámara, de donde surgieron algunos datos que despertaron alguna sospecha de representantes del Ministerio Público Fiscal.
La Dra. Alcalá señaló además que “la magnitud de la maniobra investigada” justificó la confirmación del embargo que se dictó contra el ex conjuez y los demás imputados en la causa. Esta medida cautelar, que es provisoria, puede ser variada durante el transcurso de la instrucción, pero de momento, y teniendo en cuenta lo decidido, fue confirmado.
«Aranda se encuentra en libertad desde un primer momento», señala la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, ya que esa medida no fue apelada por ninguna de las partes, con lo cual tampoco fue materia de apelación. En este sentido, explica Alcalá, la Cámara se limita a revisar las cuestiones que se ponen a consideración que entran en la competencia de la apelación de la Cámara, y ese punto no fue cuestionado.
La causa que involucra al ex conjuez Aranda, señala Alcalá, está relacionada con otros procesos en la ciudad Sáenz Peña, donde se observa una notoria reiteración de imputados vinculados a la banda de narcotraficantes conocida como el “Clan Sosa”. En esta línea cabe recordar la causa Marangón, en la que estuvo involucrado el jefe del Escuadrón 1ro de Gendarmería, Cristian Marangón, que falleció el mismo día en que la justicia le dictó prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por supuesto encubrimiento con el clan narco Sosa.
En cuanto al futuro de la causa, la Dra. Alcalá explicó que las partes tienen 10 días para presentar un recurso de casación si no están de acuerdo con la resolución dictada. La Cámara verificará la admisibilidad del recurso y la investigación continuará. Una vez que la resolución quede firme, se iniciará la instancia de preparación para el juicio oral.
