Paso de la Patria, conocida por sus hermosas playas y su afluencia turística, se ha desatado un escándalo que ha dejado consternados a sus habitantes. El exdirector del hospital local ha sido acusado de abuso sexual hacia su sobrina, una menor de edad. Ante la gravedad de los hechos, los familiares de la víctima han salido a las calles exigiendo justicia.
Ayer se llevó a cabo una marcha en Paso de la Patria, en la que participaron numerosas personas, a pesar de las próximas elecciones en la provincia, que parecen haber generado cierto temor a manifestarse públicamente. El hecho no está exento de vinculaciones políticas, debido a las conocidas relaciones entre el acusado, doctor Martínez Borda, con políticos a nivel local y provincial.
La situación se ha vuelto aún más preocupante debido a que el acusado continúa en libertad, sin haber sido detenido ni enfrentado a consecuencias legales hasta el momento. Esto ha generado cuestionamientos sobre la demora de la justicia en tomar medidas concretas.
Se sabe que la investigación ha recabado pruebas contundentes, como el examen ginecológico que confirmaría el abuso y testimonios de otras víctimas, que se incorporan a la denuncia. Sin embargo, la lentitud de la justicia es vista por algunos como un “changüí” que le estaría otorgando al presunto abusador, ya sea para postergar el escándalo para después de las elecciones provinciales, que tendrán lugar este día domingo, o bien para otorgarle una ventana de tiempo que le permita profugarse al vecino país de Paraguay, donde tiene familiares y que se encuentra a tan solo 10 minutos de viaje desde la villa turística.
La presencia del acusado en la localidad ha generado inquietud entre los familiares de las niñas abusadas, quienes temen por la seguridad de las víctimas y de otras posibles niñas que podrían haber sufrido abusos.
Paso de la Patria es una localidad de apenas 6.000 habitantes, donde todos los habitantes se conocen y los lazos familiares y sociales son estrechos. La menor afectada continúa enfrentándose a un entorno que la expone a una situación de indefensión, ya que la justicia no ha brindado las garantías necesarias para su protección.
