El alcalde de Camilo Ponce Enríquez, José Sánchez, fue asesinado a tiros en un nuevo episodio sangriento en la lucha decretada por el presidente Noboa contra el narco.
El hecho ocurrió en la provincia de Azuay, situada en la región andina del sur del país. La muerte del alcalde Camilo Ponce Enríquez fue confirmada por Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, prefecto provincial, quien a través de las redes sociales expresó su profunda tristeza y frustración por el brutal asesinato. En su mensaje, también solicitó a las autoridades que se esfuercen por identificar y capturar a los responsables de este crimen que ha sumido en el duelo no solo a Azuay sino a toda la nación.
El asesinato de Sánchez se enmarca dentro de un período de violencia exacerbada en el país, influenciado por el «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa, dirigido contra las bandas del crimen organizado, identificadas por el gobierno como las principales causantes de la inseguridad que azota a Ecuador. Bajo este contexto, el gobierno ha clasificado a estas bandas no solo como criminales sino también como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Este trágico evento ocurre apenas semanas después del asesinato de Brigitte García, otra autoridad local, marcando una alarmante tendencia de violencia contra los líderes municipales. Los informes preliminares indican que junto a Sánchez, otras dos personas perdieron la vida en el ataque, aunque esta información aún espera confirmación oficial. Sánchez, quien también era conocido en la comunidad por su apodo ‘Jushico’, había reportado anteriormente amenazas a su seguridad, incluido un atentado contra su residencia.
El asesinato de Sánchez agrega urgencia al referéndum convocado por el presidente Noboa, programado para días después del incidente, que busca reformar significativamente el marco jurídico y de seguridad del país. Esta consulta popular se presenta como una medida crucial para enfrentar la ola de violencia y criminalidad que ha colocado a Ecuador entre los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios que alcanza los 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
